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Mentiras aceptadas en la política-Alfonso Gómez Méndez

La carta enviada al presidente Santos por Horacio Serpa y Roy Barreras, jefes del Liberalismo y de ‘la U’, respectivamente, quejándose por la intervención en política del jefe de Cambio Radical (todos de la Unidad Nacional) y el “jalón de orejas” de la Procuraduría al Ministro del Interior por haber invitado a votar el próximo domingo por los candidatos de ‘la U’ que apoyan el proceso de paz son apenas una muestra de que en el país la mentira política se ha introducido –y consentido– de modo alarmante y en formas diversas. Entre otras:

1) La prohibición a los funcionarios públicos para hacer política, como antecedente de la violencia partidista, fue introducida en el Plebiscito de 1957. Pero allí también se determinó que para acceder a la administración pública se debía hacer declaración de militar en uno de los dos partidos tradicionales.

En un sistema en que generalmente se necesita recomendación o guiño político para obtener o conservar un puesto, es contradictorio prohibir a los empleados hacer política. De hecho, todos la hacen, desde el Presidente de la República, quien se reúne ordinariamente con los congresistas y accede a sus pedidos para las regiones, a veces dirigidos a conseguir puestos.

Aquí, el Estado se privatiza a través del clientelismo, porque las entidades públicas tienen “dueño”. Los ministros, cuando van al Congreso, hacen política, si por tal se entiende defender la obra gubernamental. Y lo dicho del Presidente es predicable de gobernadores y alcaldes frente a diputados y concejales.

Así, el “cohecho político” se da silvestre en el ejercicio de la política cuando se reciben o se dan puestos o contratos a cambio de votar determinados proyectos.

En este sentido, resulta un poco injusta (no ilegal) la condena de los exministros Sabas y Palacio y del exsecretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, bajo el cargo de haber entregado puestos a Yidis Medina para votar la reelección. El día en que estas condenas se generalicen, no quedaría piedra sobre piedra del estamento político colombiano. Aquí, repito, todos los empleados públicos hacen política, no solo los del Ejecutivo y el Legislativo. 

¿Cuántos magistrados no se dedican en ocasiones a conseguir puestos en las distintas ramas para sus familiares y amigos? ¿Y qué hay de altos dignatarios del Poder Judicial colocando sus “fichas” y postulando subrepticiamente candidatos para toda clase de cargos? ¿No es eso hacer política, en el peor sentido?

Si al Vicepresidente se le asignaron dos ministerios, ¿por qué asombrarse de que algunos políticos en campaña adeptos a su grupo digan que son amigos de quien “tiene la chequera”? No se necesita especial olfato investigativo para indagar qué hacen los “enlaces políticos” en el Congreso y cómo se aprueban a veces los proyectos.

2) La separación de poderes es otro mito, porque los vasos comunicantes entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial por el cordón umbilical del clientelismo son conocidos por todos, pero los niegan en público.

3) Los partidos políticos no existen. Se han convertido en una fábrica de avales, sin diferenciación ideológica. La perinola gira y gira y se regodea del lado de personajes que cambian o recambian camisetas sin rubor.

4) La ley seca. Como otro rezago de la violencia liberal-conservadora, se prohíbe consumir alcohol el día de elecciones. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no se prohíbe también el consumo de estupefacientes? Ya no hay violencia el día de las elecciones. Para hacer fraude, por el contrario, hay que estar muy sobrio.

5). Los topes electorales. Reciente reforma constitucional estableció la pérdida de la curul por violación de los topes. En la práctica, nadie los cumple. Las campañas hacen derroche de miles de millones en publicidad: cuñas, vallas, etc., pero nadie quiere darse cuenta.

¿Vale la pena continuar con un sistema político y electoral alimentado por mentiras que todo el mundo sabe y todo el mundo acepta?

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